«Prepárate, vengo con dos peces gordos de la policía autonómica y en un coche oficial, es ese de color negro. Te han estado sacando fotos, te están vigilando, están tomando notas de todo».
Estas son solo algunas de las frases que, según la denuncia por un presunto caso de violencia de género, lanzó a su exmujer un amigo personal del jefe provincial de Las Palmas de la Policía Canaria, Luis Felipe San Martín Fernández-Marcote, a quien este ayudó a protagonizar un escándalo frente a una guardería de Agüimes (Gran Canaria). San Martín se vio envuelto en este confuso incidente el miércoles 8 de febrero pasado, cuando fue imputado del delito de coacciones en el ámbito familiar por tres agentes de la Guardia Civil.
El episodio, que motivó un juicio rápido en los juzgados de Telde y del que participó también otro agente del cuerpo autonómico, se produjo cuando L.A.M.C., el amigo de San Martín, acudió a una guardería de la playa de Arinaga con la intención de recoger a su hija, sin contar con que la madre de la niña de tres años ya había dado aviso a la Benemérita del presunto acoso y amenazas de los que era objeto por el padre de la pequeña, de origen mexicano aunque nacionalizado español, según publica ABC.
San Martín había pasado, con un coche oficial —Volvo S60, de matrícula terminada en BMF y perteneciente al Gobierno de Canarias—, a recoger por el aeropuerto a su amigo. Si bien fuentes de la Policía Canaria minimizaron el posible uso irregular de este vehículo por parte de San Martín alegando que hacía su recorrido habitual al cabo de un día de trabajo, este periódico pudo saber que el domicilio de San Martín, en la zona del Puerto de Las Palmas, no justificaría el desplazamiento hasta la terminal aérea, a 18 kilómetros de la capital, o a Agüimes, 10 kilómetros más al sur aun.
Tras salir del aeropuerto, se dirigieron a la guardería La Casa de Mickey con la intención de buscar a la pequeña. No contaban con que la madre de la niña, pocas horas antes, había acudido al puesto de la Guardia Civil en Agüimes a informarse sobre los procedimientos existentes en caso de ser víctima de violencia de género —lo mismo había hecho ante una oficina específica del ayuntamiento— y que en una segunda visita al puesto, poco después del mediodía, comunicó haber recibido una llamada telefónica de la guardería, en la que le hacían saber que ya se encontraba allí el padre de la niña con la intención de llevársela.
Fue entonces cuando tres agentes del Instituto Armado se personaron en la guardería y fueron testigos, según la documentación que obra en el Juzgado número 2 de Telde, de una conversación en la que el padre de la niña le decía: «He venido con dos peces gordos que son policías. Te están sacando fotos para un dossier. Te voy a denunciar», en referencia a los dos policías que estaban en los alrededores «sacándole fotos cerca de un coche de color negro con las lunetas tintadas».
Una vez que el guardia se acercó al coche, solo se encontró con uno de los hombres, mientras que San Martín había desaparecido para ya no volver, «al percatarse de la llegada de la Guardia Civil». Probablemente en una simple función de chofer, el policía autonómico informó a los guardias que se encontraba en su día libre, aunque conduciendo el coche oficial, además de exhibir «una actitud arrogante y poco colaboradora, no sabiendo contestar con certeza». Ante su negativa a identificar y facilitar cualquier dato de San Martín, los guardias procedieron a un cacheo superficial del Volvo, donde encontraron una cartera de piel con el DNI y la tarjeta profesional del jefe provincial, «con el empleo de subcomisario». Fue entonces cuando el policía autonómico, que antes se había negado a identificarse como agente, les enseñó también su documentación, la TIP que lo acredita como agente del cuerpo de seguridad isleño.
Con su amigo el jefe
Según el testimonio dado a posteriori por la directora de la guardería, el padre de la niña había hecho constar, a la vez que su intención de llevarse a su hija, que había acudido al lugar con su amigo, «el jefe de la Policía Canaria». Fue necesario, empero, iniciar «ciertas líneas de cooperación policial» para dar con San Martín, «toda vez que el citado quería evadir la acción de la justicia». Finalmente, y ya sobre las diez y media de la noche, San Martín, quien es además inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, se presentó voluntariamente en el puesto de la Guardia Civil, donde reconoció que el padre de la niña era un «amigo íntimo» suyo, de Sevilla como él, que venía a recoger a su hija y que tenía ciertos problemas con la madre de la menor. Y que, dado que no existían órdenes de alejamiento ni régimen de visitas, accedió a llevarlo en el coche oficial hasta Agüimes.
Ante la denuncia policial de la madre, el testimonio de la directora de la guardería y lo presenciado en el lugar de los hechos, los guardias civiles dieron traslado al juzgado de guardia la acusación al padre de la niña de un presunto delito de malos tratos habituales y de coacciones en el ámbito familiar, así como también imputaron a San Martín —y al agente que hacía las veces de chofer— el presunto delito de coacciones en el ámbito familiar (violencia de género) en calidad de autores necesarios.
Poco más de 72 horas después, el juzgado número 2 de Telde, en un procedimiento abreviado, decidió rebajar esta carátula a una simple falta (desobediencia) y, posteriormente, archivó el caso. Se da la circunstancia de que primero declararon los guardias civiles y más tarde los imputados, algo llamativo y que, según las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, no constituye el orden habitual que se sigue en estos casos.
Fuentes cercanas a la jefatura de la Policía Canaria restaron importancia al incidente e insistieron en que no solo había sido archivado, sino que tanto el fiscal como la jueza habían advertido defectos de forma en el atestado que aportó la Guardia Civil, junto con algunas presuntas contradicciones en las que habían caído los guardias intervinientes en su declaración. Estas mismas fuentes, al ser consultadas acerca de si les parecía normal el hecho de que el jefe de la Policía utilice el coche oficial para un desplazamiento de esta naturaleza, señalaron que podía entenderse que fuera parte del traslado habitual del jefe de la provincial oriental una vez acabado su horario de trabajo. Sin embargo, otras fuentes, de naturaleza jurídica, llegaron a encuadrar este uso del coche oficial pagado por el contribuyente dentro de un posible caso de malversación.
Haciendo constar, que al igual que ha puesto de manifiesto la Asociación Unificada de Guardias Civiles, existen hechos que podrían ser constitutivos de delitos de malversación y cohecho por el uso de recursos del Gobierno de Canarias para fines propios, y se remitan dichas actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer si existe o no dichos ilícitos penales.
PD: Gastan nuestro dinero en asuntos privados, está muy claro y Paulino Rivero, tan contento con su GUANCHANCHA y mandando a nuestros jóvenes a buscar trabajo fuera de España.
