ESTO SE ACABA, SOLO ERA CUESTIÓN DE TIEMPO
La historia de querer y no poder. Es la que define el
proyecto de la Policía Canaria, que a menos de tres años de su puesta en marcha
aparece cuestionado como nunca antes, por el mérito propio de acumular
investigaciones judiciales en su contra, denuncias de «mobbing» contra los
mandos y sufrir una clara pérdida de apoyos políticos.
En el momento de
presentar a la primera promoción de agentes, el presidente canario, Paulino
Rivero, anunció que se completaría el cuerpo con una plantilla de 1.700
efectivos. Lo cierto es que la plantilla ya no se mantiene en los mismos cien de hace
tres años, ahora quedan unos treinta. Y lo peor es que no parece que la convivencia sea ejemplar.
El martes pasado se presentó la última de las denuncias por acoso
laboral («mobbing»), en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, donde dos altos
cargos son acusados de denigrar a un subinspector, retirándole las competencias
propias de su jerarquía y destinándole a labores burocráticas y menores, como el
mantenimiento de los coches o el cuidado de la vestimenta de los agentes.
La nueva denuncia se suma a la investigación judicial sobre
diez agentes, por una supuesta detención ilegal ocurrida en los carnavales
pasados y por la presunta irregularidad de cobrar más de forma desmedida a los
afectados por sus intervenciones policiales. De la acción de la Guardia Civil a
instancias del juez y de las escuchas telefónicas practicadas se derivó,
además, un nuevo cargo contra dos jefes, a quienes se acusa también de
«mobbing» contra sus subordinados.
Quizá la imagen que más cabalmente retrate este fallido
proyecto de un cuerpo de seguridad autonómico sea el hecho de que, a partir de
la actuación judicial quedó al descubierto que la comisaría de Las Torres (Gran
Canaria) permanece en determinados días bajo la custodia de un agente de
seguridad privada. Cuesta imaginarse una situación similar en un cuartel de la
Guardia Civil o en una comisaría de la Policía Nacional, donde las puertas
siempre están a cargo de personal propio.
Una de las finalidades estrella de la Policía Canaria, según
se anunció al momento de su creación, era la de intervenir en la puerta de
colegios e institutos, para obstaculizar el menudeo de droga. Varias de sus
primeras acciones apuntaron a este aspecto. Lo que no queda claro es la cadena
de custodia de esa droga en manos de la policía autonómica, algo que está bajo
rigurosos protocolos en los cuerpos de seguridad consolidados. En este caso, y
según ha sabido este periódico, se guarda en un simple armario con llave, a la
espera de su entrega a la Administración para hacer la pruebas pertinentes y
posterior destrucción. Esperemos que aún estén en ese armario y no haya desaparecido, que todo es posible.
Pérdida de apoyos
La salida de Ignacio Badenas, hace exactamente un año, dejó
claro que quien había sido designado por su destacada trayectoria para ser el
primer jefe regional del cuerpo ya no creía en el proyecto. La renuncia se
producía después de un escándalo de proporciones protagonizado por el jefe
provincial de Las Palmas, envuelto en un caso de presunta violencia de género.
Desde dentro del cuerpo, sin embargo, hay voces que todavía
defienden el futuro del proyecto. La última semana, los representantes de CCOO
advirtieron del riesgo de una campaña de «escarnio público» contra unos agentes
que «trabajan duro» y que hacen que crezca «exponencialmente su labor por
Canarias». Bueno, debemos pensar que esos sindicalistas solo buscan no perder el chollo.
Por el lado de la política, ya son muchas las voces dentro
de Coalición Canaria que piden su disolución sin más. La más significativa, la
de Fernando Clavijo, alcalde lagunero, pero no es la única, ya que incluso
destacados dirigentes de la formación nacionalista afirman fuera de micrófono
la inoportunidad del cuerpo: «Si cerramos servicios en los hospitales, ¿cómo
vamos a mantener la Policía Canaria?».
