ÉSTA GUARDIA PRETORIANA DE COALICIÓN CANALLA, NACIÓ GAFADA Y MÁS PRONTO QUE TARDE, TODA LA MIERDA SALDRÁ A LA LUZ, LO QUE CONLLEVA A SU DESAPARICIÓN INMEDIATA.
Los diez agentes de la Policía Canaria que fueron detenidos
y luego puestos en libertad con cargos por una supuesta detención ilegal
ocurrida el pasado día 10 de enero de 2013, están siendo investigados por la
presunta irregularidad de cobrar más de forma desmedida a los afectados por sus
intervenciones policiales, según señalaron responsables conocedores de la
investigación.
Se trata de una nueva línea de investigación en este caso
judicial que arrancó de la denuncia de una veintena de agentes contra un
subinspector de la Policía Canaria en el juzgado de Instrucción número tres de
Las Palmas de Gran Canaria. El caso se incluye dentro de la operación de la
Guardia Civil denominada Ladrillo, que se encuentra bajo secreto de sumario.
Los denunciantes policiales, así como los investigadores, temen que se hayan
"reforzado" las actuaciones de la policía autonómica canaria para
recaudar más, indicaron los mismos responsables oficiales.
Durante el desarrollo de las investigaciones, el juez dictó
la intervención de los teléfonos de varios miembros de la Policía Autonómica.
También la autoridad judicial solicitó el estudio de todas las diligencias
instruidas por el Cuerpo General de la Policía Canaria donde cualquiera de los
agentes intervinientes en la detención de una persona la noche del día 9 al 10
de febrero del presente año que resultó con lesiones
La detención, y la posterior puesta en libertad, de los diez
policías autonómicos ocurrió el 10 de marzo. Ese mismo día se tomó de
declaración como testigos a diecisiete policías y a un vigilante de seguridad
que prestaba servicio en la base de la Policía Canaria.
El inicio de la investigación surgió después de que agentes
del Cuerpo General de la Policía Canaria detuvieran a Miguel Ángel S. M. S. en
el parque de Santa Catalina por una supuesta posesión de cocaína. Sin embargo,
se demostró después que la sustancia encontrada no era el producto psicotrópico
y se produjeron faltas de consideración en la citada detención.
Según la versión de los propios agentes que practicaron la
detención, estos le habían comunicado en las dependencias policiales al
subinspector de la Policía Canaria, C. M. S. D., que era ilegal la intervención
que estaban realizando. Al parecer, el cargo de la policía, al ver que éstos no
acceden a su petición de que ellos mismos se lesionaran para justificar la
detención, él provocó lesiones en una de las manos a uno de los policías que
intervinieron en el arresto. Según los denunciantes, el subinspector actúa y
ordena, con dudosa legalidad, con el mero objetivo de conseguir resultados en
la plaza que ocupa de manera provisional.
Ante este hecho una veintena de miembros del cuerpo policial
interpusieron una denuncia contra el citado subinspector ante el mencionado
juzgado de Instrucción número tres de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora se suma el supuesto cobro abusivo de las multas. El
Gobierno de Canarias solicitó en mayo de 2012 a la Delegación del Gobierno
tramitar el cobro de las multas, actividad que realiza desde entonces la
consejería de Economía y Hacienda del Ejecutivo autonómico canario.
