 |
| ¡¡Me equivoqué!!, fin de la cita. |
La Comunidad Autónoma quería llevar a juicio al agente que acusó a sus mandos de falsear una detención en el parque de Santa Catalina
El Juzgado de Instrucción número 4 de la capital grancanaria ha archivado la denuncia presentada por los servicios jurídicos del Gobierno canario contra dos agentes de su cuerpo de policía a los que acusaba de filtrar datos de la operación ladrillo. Se trata de una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 en la que están imputados 10 policías autonómicos por supuesta falsificación de un atestado relacionado con la detención de un sospechoso, entre ellos un inspector, un subinspector, un oficial y el secretario del expediente.
La denuncia sobreseída iba dirigida, principalmente, contra H. L. C., uno de los agentes que destapó las supuestas irregularidades de sus superiores, además de acoso laboral, presiones y coacciones para exagerar las intervenciones policiales. Sin embargo, en el auto de archivo, el magistrado instructor niega que el policía incurriera en un delito de descubrimiento y revelación de secretos, pues no existen indicios de que filtrara el contenido de una investigación a la que no tenía acceso.
De hecho, cuando los medios de comunicación publicaron las noticias relacionadas con el caso, entre el 16 y el 20 de marzo de este año, las diligencias del Juzgado de Instrucción número 3 estaban declaradas secretas y aún no se le había tomado declaración como imputado a H. L. C., quien, a su vez, tenía el teléfono intervenido porque era investigado por el juez instructor junto a los mandos policías.
Por tanto, la denuncia sobreseída parece una venganza contra el agente que reveló las irregularidades en la Policía Canaria, ya que en ese proceso penal, aparte de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, también se personaron como denunciantes C. S. D. y R. M. M., es decir, el subinspector y el inspector a los que H. L. C. responsabiliza de prolongar una detención en la capital grancanaria más tiempo del debido.
Carnavales
El controvertido arresto se produjo el pasado 10 de febrero en las inmediaciones del Parque de Santa Catalina, tras la celebración de la final del concurso de murgas de los carnavales. Esa noche, los agentes detuvieron a Miguel Ángel S. M. por presunta posesión de cocaína, además de por una falta de consideración y desobediencia.
Luego, en comisaría, se demostró que la sustancia intervenida no era un producto psicotrópico y los agentes alertaron al subinspector de que se estaba cometiendo una detención ilegal.
El mando policial, según la versión de los dos policías ante el juez, les pidió que se arañasen la cara entre ellos, pero se negaron y el subinspector supuestamente le provocó lesiones a uno de ellos para justificar un falso delito de atentado contra un agente de la autoridad, con la finalidad de agravar la detención y aprovechar esa intervención para tratar de justificar con resultados la plaza que C. S. D. ocupa de manera provisional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario